FINANCIACION EN COLOMBIA

Según la  Revista Nova  et Vetera la inclusión de la educación como uno de los pilares fundamentales de política del actual gobierno, ha sido recibida con beneplácito por todos los sectores de la sociedad colombiana; pero, a la vez, ha planteado varios interrogantes acerca de cuál será la estrategia por seguir para poder lograr el posicionamiento que la educación merece en la agenda de política pública. Y es que la deuda histórica con el sector educativo resulta considerable, muy a pesar de que, durante las últimas tres administraciones (2002-14), el flujo de recursos destinado al sector se ha incrementado de manera importante, con especial énfasis para la educación superior.(Abril, 2015). 

La  gráfica  permite  observar que  la inversión en  educación ha ido ascendiendo apróximadamente en un punto por  año, para los niveles de  educación  preescolar, básica y media; con menor % inversión en la educación superior. . 

En este contexto, el reto para la nueva administración consiste en lograr, en un escenario de restricción fiscal, una mayor asignación de recursos al sector educativo, pero focalizados a la inversión en programas y proyectos de alto impacto. El objetivo fundamental de este mayor gasto en educación, que debe darse en los siguientes años, tiene que centrarse en atender el déficit de infraestructura educativa oficial; avanzar en el indicador de número de niños por computador y garantizar la conectividad de todos los establecimientos educativos oficiales, e invertir en la profesionalización de la carrera docente, a través de una nivelación salarial que equipare los ingresos de los maestros oficiales con los salarios del mercado laboral en otras disciplinas; lo que implica generar los incentivos suficientes para atraer a los mejores profesionales a la carrera docente.

De esta manera, la comparación de cifras en gasto público en educación debería abordarse desde la siguiente perspectiva: si los países con mayor nivel de desarrollo respecto de Colombia, como los son buena parte de los que conforman la OCDE, tienen gastos en educación como porcentaje del PIB relativamente similares al nuestro, la diferencia fundamental radica en que estos países ya realizaron en el pasado grandes inversiones en infraestructura educativa y en tecnología, y su gasto actual se  ha estabilizado en una senda de sostenimiento. 

En tanto que Colombia no ha realizado estas inversiones aún, y está en mora de hacerlas, pero el reto es poder realizarlas en un escenario fiscal tan restringido como el actual, en el que el cumplimiento de la regla fiscal y la política de inflación objetivo es prioridad en la agenda de las autoridades económicas, y en que las decisiones de finanzas públicas deberán considerar un posible escenario de posconflicto.

En definitiva, el gasto público en educación en Colombia, representado por el esfuerzo presupuestal que realizan las entidades del orden nacional y regional, provenientes de fuentes como el Presupuesto General de la Nación, regalías y recursos propios, en ejecución de actividades relacionadas con la política pública educativa, llega hoy a niveles del 5% como porcentaje del Producto Interno Bruto, cifra que en el contexto latinoamericano es superada solo por México, Brasil y Chile. Incluso, al establecer comparaciones con escenarios aún más exigentes, como el conjunto de países de la OCDE, se encuentra que el gasto público en educación por porcentaje del PIB no está lejos del promedio del grupo.